Autor: Guido Durney Urrutia

Investigador independiente/networking/divulgador de contenido.

“El derecho a la autenticidad redefine la protección de datos en Chile. Un análisis estratégico sobre vacíos regulatorios y desafíos políticos de la próxima década.”

Introducción:

En la era de la hiperconectividad, la identidad humana ha dejado de ser un atributo exclusivamente biográfico para convertirse en un activo digital estratégico. Cada interacción en línea —desde una compra hasta una opinión política— genera rastros de datos que configuran una representación digital de la persona. En este contexto emerge con fuerza el derecho a la autenticidad de las personas, entendido como la capacidad jurídica, ética y tecnológica de controlar la veracidad, uso y proyección futura de los datos propios.

Chile enfrenta hoy un escenario crítico: marcos regulatorios fragmentados, brechas institucionales y una aceleración tecnológica que supera la capacidad normativa del Estado. Este artículo analiza la seguridad residual de los datos personales, los llamados bolsones regulatorios y propone una lectura prospectiva de los desafíos políticos nacionales que marcarán la próxima década, posicionando a Chile como un potencial referente en América Latina.

Marco conceptual: autenticidad, datos y poder

El derecho a la autenticidad se vincula directamente con tres dimensiones clave:

  1. Identidad digital verificable: capacidad del individuo de demostrar que sus datos lo representan fielmente.
  2. Autonomía informacional: control sobre cómo, cuándo y para qué se utilizan sus datos.
  3. Integridad reputacional: protección frente a usos indebidos, manipulaciones algorítmicas o suplantación de identidad.

La seguridad residual de datos alude al conjunto de datos que persisten en sistemas públicos o privados incluso después de cumplida su finalidad original. Estos residuos informacionales —mal gestionados— se convierten en vectores de riesgo para la libertad individual, la democracia y la confianza institucional.

Bolsones regulatorios: el vacío como amenaza sistémica

Los bolsones regulatorios surgen cuando el avance tecnológico supera la legislación vigente. En Chile, estos vacíos se observan especialmente en:

  • Inteligencia artificial aplicada a perfiles ciudadanos.
  • Uso secundario de datos recolectados por plataformas privadas.
  • Transferencia internacional de datos sin trazabilidad efectiva.
  • Algoritmos de scoring social, financiero o laboral.

La ausencia de regulación clara no implica neutralidad: beneficia estructuralmente a quienes concentran capacidad tecnológica y económica, debilitando el principio republicano de igualdad ante la ley.

Diagnóstico chileno: avances y límites estructurales.

Chile ha dado pasos relevantes con la modernización de su normativa de protección de datos personales y la discusión sobre una Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, persisten limitaciones críticas:

  • Fragmentación institucional.
  • Débil fiscalización efectiva.
  • Escasa formación técnica en el aparato estatal.
  • Dependencia tecnológica de proveedores extranjeros.

Comparado con estándares como el GDPR europeo, Chile aún carece de una doctrina robusta sobre derechos digitales fundamentales vinculados a la autenticidad personal.

Prospectiva 2025–2035: escenarios posibles

Desde una mirada prospectiva, se identifican tres escenarios para la próxima década:

1. Escenario inercial

Chile mantiene ajustes parciales sin liderazgo regional. Aumentan conflictos judiciales y desconfianza ciudadana.

2. Escenario tecnocrático

Se fortalecen capacidades técnicas, pero con débil legitimidad social y bajo debate democrático.

3. Escenario político–estratégico (deseable)

El Estado asume un rol activo como garante de la autenticidad personal, equilibrando innovación, libertad individual y seguridad nacional.

Este último escenario posicionaría a Chile como laboratorio normativo latinoamericano, exportando estándares éticos y jurídicos.

Desafíos políticos nacionales:

Los principales desafíos políticos que enfrentará Chile son:

  • Construir consensos transversales en torno a derechos digitales.
  • Evitar la captura regulatoria por intereses privados.
  • Integrar la dimensión ética y antropológica en la legislación tecnológica.
  • Formar liderazgos políticos con alfabetización digital avanzada.

“El derecho a la autenticidad no es una cuestión técnica: es una decisión política de largo plazo.”

Políticas públicas recomendadas:

  1. Reconocer constitucionalmente el derecho a la autenticidad digital.
  2. Crear un sistema nacional de trazabilidad de datos personales.
  3. Fortalecer la soberanía tecnológica del Estado.
  4. Exigir auditorías algorítmicas independientes.
  5. Incorporar formación en ética digital en la función pública.

“Estas medidas permitirían reducir riesgos sistémicos y fortalecer la confianza democrática.”

Conclusión:

La próxima década será decisiva. Chile puede optar por reaccionar tardíamente o liderar con visión estratégica. El derecho a la autenticidad de las personas no es un lujo académico: es una condición esencial para la libertad, la dignidad humana y la estabilidad republicana en el siglo XXI.

“Asumir este desafío hoy es asegurar un país más justo, soberano y confiable mañana.”

Autor: Guido Durney Urrutia

Investigador independiente/networking/divulgador de contenido.

Bibliografía académica:

·               Floridi, L. (2022). The Ethics of Information. Oxford University Press.

·          Solove, D. J. (2021). Understanding Privacy. Harvard University Press.

·          Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. Harvard Business School.

·          OECD (2023). Digital Security Risk Management. OECD Publishing.

·          European Commission (2022). General Data Protection Regulation (GDPR) – Legal Framework.

·          Lessig, L. (2020). Code and Other Laws of Cyberspace. Basic Books.